El Gobierno español aprobó un proyecto de ley que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo al otorgar los mismos derechos jurídicos que a los heterosexuales, entre los que se encuentran la adopción de infantes y el cobro de pensiones en caso de jubilación o fallecimiento de uno de los cónyuges.

El proyecto modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y con excepción del Partido Popular (PP), cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. De aprobarse la propuesta, España se convertirá en el tercer país del mundo que permite esta regularización, luego de Bélgica y Holanda que constituyen la vanguardia en cuanto a la legalización de estas uniones.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Justicia y fue remitido por el Gobierno para su informe al Consejo de Estado, mismo que avaló la constitucionalidad del texto, pero sugirió opciones distintas a la del matrimonio, como por ejemplo una regulación específica para legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo.

Al respecto, Luis López Guerra, secretario de Estado de Justicia, declaró a diversos medios europeos que las razones del Consejo de Estado “no son convincentes para cambiar el rumbo del Gobierno”, y aseveró que el proyecto mantendrá las uniones dentro de la institución matrimonial, con la equiparación absoluta de derechos a los de los matrimonios heterosexuales.

Reacciones

A su vez, el PP señaló que la legalización de los matrimonios homosexuales demuestra que el Ejecutivo gobierna para minorías; su posición en este tema es abogar por uniones civiles, sin adopción.

Por su parte, el obispo José Gea Escolano, rechazó el documento aprobado por el Consejo de Ministros al asegurar que “es imposible que la Iglesia lo acepte porque supone destruir la base familiar”, por lo que pidió a los políticos cristianos de cualquier partido político “que sean coherentes con su fe y voten en contra”.

Gea Escolano explicó que “los homosexuales quieren que la Iglesia acepte esa realidad del matrimonio y consienta, pero es imposible pensar en ello, pues la doctrina de la Iglesia defiende que la sexualidad debe estar abierta a la vida y entre homosexuales no hay acto sexual abierto a la vida, por lo que es imposible que la Iglesia pueda aceptarlo”.

Mientras tanto, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales manofestó en un comunicado que esta medida es la “expresión de la legítima exigencia de igualdad que miles de gays y lesbianas han venido defendiendo en las últimas décadas”.

Los jueces, divididos

Las asociaciones de jueces de España han mostrado división respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) entiende que es contrario a la Constitución española, mientras que los progresistas Jueces para la Democracia aplaudieron la redacción del texto.

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano, manifestó que el proyecto de ley, desde el punto de vista legal y constitucional, se opone a la Constitución, la cual, a su juicio, “establece únicamente el matrimonio entre hombre y mujer”.

Por el contrario, Edmundo Rodríguez Achutegui, de la asociación Jueces para la Democracia, aplaudió el proyecto gubernamental. Con respecto a las observaciones hechas por el Consejo de Estado, indicó: “Esta institución apunta únicamente que el matrimonio entre homosexuales debe regularse por otra ley diferente y llevar otra denominación. Es una opción absolutamente respetable pero que no tiene por qué admitirse”.

Jueces para la Democracia aplaudió “que se haya optado por reconocer una realidad social con el máximo rigor en cuanto al reconocimiento de derechos”. Además, cree que si se hubiera optado por una ley de parejas de hecho no hubiera traído consigo las mismas consecuencias jurídicas que tiene el matrimonio, por ejemplo, en materia de sucesiones, adopción, obligaciones económicas, alimentos, prestaciones de seguridad social o pensiones.

Desde que asumió el poder en abril pasado, el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, prometió profundos cambios sociales tras ocho años del gobierno conservador de José María Aznar. También en diciembre pasado los diputados españoles aprobaron la Ley Integral contra la Violencia de Género, la cual buscará aplicar medidas preventivas prácticas y mejorar la protección y asistencia a las víctimas de maltrato, principalmente mujeres y que en varias ocasiones tratan de justificar a sus agresores.