por_la_vida_y_la_igualdad.jpgEste martes 15 de abril -a las 10 de la mañana- diversas organizaciones y redes de jóvenes y estudiantes universitarios; de lesbianas, travestis, gays y bisexuales (LTGB); y de derechos humanos, realizarán un plantón frente al Congreso de la República para exigir la ratificación irrestricta de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Las diversas redes y organizaciones lavarán banderas del Perú exigiendo una ciudadanía limpia para todos los peruanos y peruanas, es decir, con la posibilidad real y en condiciones igualitarias de poder desarrollarnos completamente en un Estado que nos proteja y nos defienda.

Como es de conocimiento público, el martes pasado las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la Mujer del Congreso de la República, aprobaron un Dictamen que propone ratificar la Convención con declaraciones interpretativas que restringen los derechos de los jóvenes. Estas se refieren al derecho a la no-discriminación orientación sexual (art. 5), a la no aplicabilidad de la pena de muerte (art. 9, inciso 2), a la personalidad e identidad propias (art.14), y el derecho a la formación de una familia (art. 20, inciso 1).

El Dictamen en forma sesgada interpreta que los artículos 5, 14 y 20 colisionan con la jurisprudencia nacional en tanto ésta establece que el matrimonio se da sólo entre un hombre y una mujer; es decir, niega cualquier posibilidad futura de debate amplio y democrático acerca del reconocimiento y protección por parte del Estado peruano a las parejas del mismo sexo, sin importar que para ello se vulneren los derechos que la Convención busca proteger y promover.

Debemos destacar que esta actitud -abiertamente discriminatoria- es sistemática en el Congreso peruano, pues en 2005, al aprobar la modificatoria del Código Penal eliminó la causal de no-discriminación por orientación sexual, y en 2007, eliminó el mismo principio en la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO).

Las Comisiones también han hecho declaraciones interpretativas sobre el artículo 9 de la Convención, que se refiere a la pena de muerte. Su Dictamen indica que esta sanción sí puede ser aplicada en nuestro país a los jóvenes entre 18 y 24 años en los casos de traición a la patria durante tiempo de guerra y en la modalidad de terrorismo, cosa que precisamente intenta superar este tratado de derechos humanos.

Si bien la pena de muerte en estos casos está contemplada en nuestra Constitución, ella misma indica que lo referido a derechos humanos se interpreta a la luz de los tratados internacionales sobre la materia o de las opiniones que de ellos tengan los organismos especializados. Por lo tanto no cabe una interpretación a los artículos de la Convención, cuando lo correcto es interpretar nuestra legislación a la luz del ordenamiento supranacional. Además no debemos olvidar que para estos casos funciona el principio pro hominem, es decir, que la norma debe entenderse y funcionar a favor de la persona acusada.

Además, la tendencia en los distintos países es avanzar hacia la abolición absoluta de la pena de muerte por constituir ésta una violación a la dignidad humana y al derecho a la vida. Ha sido catalogada como trato cruel, inhumano y degradante, además se ha identificado que es aplicada con frecuencia desproporcionada y desventajosa a grupos étnicos y religiosos minoritarios, así como a personas económicamente desfavorecidas.

Por ello las organizaciones de jóvenes y de lesbianas, travestis, gays y bisexuales exigirán la ratificación irrestricta de la Convención, suscrita por nuestro país el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España.

La discusión del dictamen está prevista para la siguiente sesión del pleno del Legislativo: el miércoles 16 o jueves 17. Los grupos de jóvenes y lesbianas, travestis, gays y bisexuales estarán atentos a la histórica decisión.