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Activistas respaldaron a periodista de Perú.21 y pidieron que se modifique legislación. Universidad se negó a dar una explicación pues el tema estaba en evaluación.

El intento de la Universidad San Martín de Porres, de despedir de sus aulas a la periodista Esther Vargas por ser lesbiana, fue criticado por grupos ligados a la defensa de las minorías sexuales y de los derechos humanos.

La directora ejecutiva del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Ruth Ramos, expresó su solidaridad con la periodista, docente en la referida casa de estudios y editora de la sección Sociedad en Perú.21.

“Lo que ha hecho podría servirles a muchas otras mujeres discriminadas por su orientación sexual para dar a conocer sus experiencias y, así, acabar con esta tendencia. Lamentablemente, hay muchas otras universidades del país donde la homosexualidad es vista como una problemática y no como una simple opción de vida. El de Vargas ha sido un problema de puro prejuicio porque no ha habido tachas a su trabajo”, manifestó Ramos.

EN ESPERA. Por su parte, Susel Paredes, abogada de LGTB Legal Perú encargada de la defensa de la periodista, sostuvo que el caso ponía en evidencia la necesidad de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las minorías sexuales.

“Es una muy mala señal que el Congreso haya pedido la aprobación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes con restricciones que nos desplazan a ser ciudadanos de segunda categoría”, remarcó.

“En el aspecto legal, la señorita Vargas no tiene ningún impedimento para trabajar. Finalmente no ha sido despedida y su situación actual es normal. Vamos a esperar la reacción de la universidad. Si es sacada, pese a que no hay ninguna causal para esta medida, acudiríamos a un proceso por despido arbitrario ante los juzgados laborales”, explicó la abogada.

Paredes, quien hace algunos años perdió el trabajo por ser lesbiana, recibe todos los días quejas sobre segregación por orientación sexual. Sin embargo, poco es lo que puede hacer pues las personas nunca se animan a denunciar el maltrato por miedo a ventilar públicamente su opción sexual.

La directora del Movimiento Manuela Ramos, Gina Yáñez, mostró su preocupación por que este tema se haya presentado dentro de un ámbito académico. “Rescatamos el valor de hacer público este hecho porque hay muchos casos parecidos en el país”, refirió Yáñez.

A su vez, el responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Wilfredo Ardito, saludó la rectificación de la San Martín al dar marcha atrás en el despido de la periodista. “Nos hubiera parecido sumamente grave que este centro de estudios tuviera esta política”, declaró Ardito, quien pidió que el Código Penal incluya como delito la discriminación por homosexualidad.

Entre tanto, Esther Vargas dictó clases ayer con normalidad. No obstante, nadie del personal administrativo de la San Martín se le acercó para explicarle cuál era su situación laboral.