La Sala Constitucional de Costa Rica informó hoy de que estudia una acción de inconstitucionalidad que busca lograr el aval a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, luego de varios intentos fallidos de la comunidad homosexual por legalizar los matrimonios.

La acción fue presentada a título personal por el abogado Yashin Castrillo contra el artículo 242 del Código de Familia, al que considera “violatorio de los derechos de igualdad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, salud, a formar una familia y recibir la protección del Estado y el acceso a la seguridad social”. El artículo en cuestión indica textualmente que “la unión de hecho pública, notoria, única y estable por más de tres años entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente al finalizar por cualquier causa”.

Castrillo solicitó a la Sala Constitucional que se elimine del artículo la frase “entre un hombre y una mujer” para sustituirla por “entre personas”, según un comunicado de esa institución, que no precisó la fecha de la petición. Durante el trámite de este recurso la Sala realizará audiencias, en fechas por definir, en las que participarán las partes involucradas, entre ellas la Procuraduría General de la República. Castrillo había presentado en 2003 una acción similar, pero buscando legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tres años después, la Sala Constitucional, por cinco votos frente a dos, declaró la solicitud no tenía lugar basándose en el Código de Familia, que indica que “es legalmente imposible que personas del mismo sexo contraigan matrimonio”. Luego de ese intento fallido, la comunidad homosexual costarricense ha fijado su lucha ya no en el matrimonio, sino en legalizar las uniones civiles o de hecho.

El 29 de enero de 2008 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó a un grupo de ciudadanos a recolectar firmas para convocar a un referendo sobre un proyecto de ley de 2007 que permitiría la unión civil entre personas del mismo sexo. Actualmente este colectivo ciudadano, que se opone al proyecto de ley, recoge firmas para intentar conseguir el 5 por ciento del padrón electoral, es decir más de 200.000 personas, necesario para convocar la consulta popular. Este proyecto de ley se encuentra actualmente estancado en una comisión de la Asamblea Legislativa y enfrenta una dura oposición de la Iglesia Católica y de algunos diputados.

La iniciativa propone que los bienes patrimoniales constituidos durante la unión homosexual pertenezcan por partes iguales a sus integrantes y que se les reconozca los derechos a formar un hogar, a la herencia y a una pensión. La comunidad homosexual se ha manifestado en contra de llevar el asunto a un referéndum pues se sometería a la decisión de las “mayorías” un asunto que afecta los derechos humanos de una “minoría”.

Fuente: EFE